- Las medidas son otorgadas a 11 integrantes de la comunidad jesuita, en riesgo tras el asesinato de los sacerdotes Javier Campos y Joaquín Mora.
- La impunidad que prevalece a más de siete meses de los asesinatos de Javier y Joaquín es la primera causa de riesgo tanto para la comunidad jesuita, religiosas y para habitantes de la zona.
Ciudad de México a 1 de febrero 2023.- Tras los terribles y dolorosos asesinatos de los sacerdotes Javier Campos y Joaquín Mora, junto al guía de turistas Pedro Palma y el joven Paul Berrelleza —sucedidos el 20 de junio de 2022 en la comunidad Cerocahui, Chihuahua— la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a once integrantes de la comunidad jesuita, tras considerar que se encuentran en una situación de riesgo de daño irreparable, grave y urgente.
Tras siete meses y ocho días desde los hechos, la impunidad continúa, ya que el perpetrador de los hechos no ha sido detenido. Además, la violencia en la región es incesante y el riesgo subsiste. Por ello, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), junto con el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, AC (CEDEHM) y Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos (COSSYDHAC), solicitaron medidas cautelares a la CIDH.
Debido a esto, el pasado 22 de enero la Comisión emitió la Resolución 2/2023, en la cual advirtió sobre la situación de violencia e inseguridad que afecta especialmente a las comunidades de la Sierra Tarahumara, Chihuahua.
Tras recibir información de las autoridades mexicanas sobre el caso, la CIDH consideró que aún no se ha implementado un esquema de seguridad idóneo y efectivo para proteger a las personas en riesgo y estimó que la impunidad imperante aumenta el peligro que enfrentan los religiosos.
En específico, la CIDH solicita al Estado mexicano a que adopte medidas para proteger la vida e integridad personal de las personas beneficiarias; así como aquellas medidas que les permitan continuar realizando sus labores pastorales y de defensa de derechos humanos, sin ser sujetos a más actos de amenazas o violencia; para ello, la CIDH llama al Estado a concertar las medidas con la participación de la comunidad jesuita y sus representantes. De igual forma, la CIDH requiere al Estado le informe de las acciones para investigar los homicidios de Cerocahui y con ello prevenir su repetición, entendiendo que si no hay consecuencias legales por esos eventos se asentaría un mensaje de permisividad frente a la violencia en la región.
La Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús, las personas beneficiarias y sus representantes agradecemos a la CIDH su oportuna intervención, muestra de la relevancia del sistema interamericano en nuestros países.
Llamamos a las instituciones federales y locales responsables de implementar las medidas a que las mismas sean acordadas a la brevedad, asegurando la coordinación entre las instituciones estatales y federales, y en diálogo con las personas beneficiarias. También instamos a que los responsables de estos asesinatos que siguen teniendo un fuerte impacto comunitario, estatal, nacional e internacional, sean llevados ante la justicia, con el objetivo de que hechos similares no se vuelvan a repetir.
La Sierra Tarahumara aún espera la paz con justicia, dignidad, derechos humanos y reconstrucción del tejido social.
